En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires funciona el Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito que recibe más de 15.000 consultas anuales por parte de personas en estado de vulnerabilidad que, de otro modo, no tendrían la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos.
Patrocinio Jurídico de la Facultad de Derecho de la UBA
El 16 de mayo de 1924 comenzó a funcionar el Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito. En el transcurso de ese primer año, se atendieron 558 consultas y 149 casos para su patrocinio. Hoy, 420 profesores abogados coordinan a cerca de 2.300 estudiantes que atienden más de 15000 consultas anuales con 7000 en trámite, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.
“La creación del Patrocinio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se vislumbra con posterioridad a la Reforma Universitaria de 1918. La incorporación de los delegados estudiantiles al Consejo Directivo y la designación de un Decano reformista, como Mario Sáenz, trajeron aparejados importantes y novedosos cambios en la enseñanza del derecho. Ya en esa época, los estudiantes demostraban su interés por aplicar concretamente, en la realidad, los conocimientos adquiridos a través de la teoría”, cuenta Oscar Zoppi, secretario de Extensión Universitaria.
Fue Horacio Sanguinetti quién, en 1919, sugirió al Centro de Estudiantes de la Facultad, la creación de un Consultorio Jurídico con la convicción de que “si el pueblo no viene a la Universidad, la Universidad tiene que ir hacia él”.
Cinco años pasaron hasta que el Consultorio comenzó, en la Facultad, sus actividades. Hoy, 100 años después, continúa funcionando con “el objetivo de seguir formando profesionales con capacidad crítica y compromiso social y que esto vuelva a la sociedad” cuenta Zoppi.
Zoppi explica que “el práctico, como lo llamamos en la Facultad, tiene lugar en el último año de la carrera de Abogacía donde los estudiantes reciben su formación práctica en función de los conocimientos teóricos que fueron obteniendo. Pero, también, persigue un fin social, una devolución hacia la sociedad de lo que ella aporta para que los estudiantes se formen como profesionales, por lo cual se atienden a personas que se encuentran con una vulnerabilidad social o económica y necesitan de un abogado o de algún servicio jurídico para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, que sin la intermediación del Consultorio no tendrían”.
En términos concretos, asegura Zoppi “estas personas, en estado de vulnerabilidad, no podrían reclamar ante una obra social el otorgamiento de un medicamento para un tratamiento determinado que, en algunos casos, puede plantear una diferencia sustancial entre la vida y la muerte. También se dieron casos donde madres solteras con hijos de diferentes ex parejas no percibían ninguna clase de cuotas de alimentos siendo sus únicos ingresos el subsidio del Estado porque, al estar solas y no tener familia, no podían salir a trabajar y, por ende, lograr su independencia económica”.
“Muchas veces no se dimensiona la complejidad del problema. Por ejemplo, si una persona no tiene DNI, no tiene acceso a la educación, a la salud, a la seguridad, a ninguna clase de derechos. En ciertos casos, la lejanía de la persona con un centro de salud hace que cuando sus hijos nacen no sean inscriptos. Y lo que suele pasar, es que al cumplir los 5 ó 6 años llega el momento de inscribir a esos niños en la escuela no pueden hacerlo por no tener el documento y es necesario realizar un reconocimiento judicial que requiere el patrocinio de un abogado, lo cual implica tener cierta capacidad económica. Quienes no tienen plata, no tienen abogado interviniente y no son reconocidos como personas con derechos. El Patrocinio toma este tipo de casos y cumple con todos los pasos legales hasta su resolución”, agrega Zoppi.
Toda persona que carezca de ingresos para abonar los costos de un proceso judicial o los honorarios del abogado que, normalmente, son hasta dos o tres salarios mínimos. Hay dos maneras de acceder al patrocinio. En primer lugar, a través de un correo electrónico accesible las 24 horas del día, los 365 días del año, que es evaluado y respondido. En segundo lugar, es posible consultar en forma presencial, de lunes a viernes de 8 a 12h, en el octavo piso del Palacio de Tribunales, Talcahuano 550, donde un cuerpo de abogados escuchan las situaciones problemáticas que presenta cada persona para luego decidir si resulta necesario promover algún tipo de patrocinio jurídico para lo cual se lo deriva a una comisión de la Facultad.
Un aspecto de importancia institucional, es el acercamiento de la Facultad hacia la población. Zoppi cuenta que “hay muchas personas que no pueden acercarse al carecer de los recursos económicos, aún para pagar un pasaje de colectivo por lo cual la Facultad participa de diversos programas de extensión donde pone a todo su equipo de trabajo a disposición para concurrir a determinados barrios vulnerables, hablar con la gente, facilitarle la llegada de su reclamo al lugar que corresponda”.
Zoppi dice “cada comisión está integrada por uno o dos docentes con sus respectivos ayudantes y entre 20 y 30 estudiantes que son quienes, en conjunto y coordinados por sus docentes, analizan el caso, evalúan cuáles son las acciones a llevar adelante, resuelven la estrategia, redactan los escritos y los presentan en Tribunales”.
En términos globales, funcionan 105 comisiones lo que implica la participación anual activa de 420 profesores abogados, que cumplen el rol de profesores, que coordinan a cerca de 2.300 estudiantes. Zoppi aclara que “se toman todo tipo de reclamos a excepción de causas que tengan contenido patrimonial, por lo cual pueden generar honorarios por ejemplo accidentes de tránsito o indemnizaciones. Sí se toman casos donde, normalmente, el monto del reclamo es mínimo o tiene que ver con otro tipo de derechos que no son patrimoniales” menciona Zoppi.
El secretario de Extensión Universitaria de Derecho cuenta que “el Consultorio recibe cerca de 16 mil consultas anuales, de los cuales tenemos un manejo aproximado de 7.000 causas en trámite”. Sobre la recepción que tiene el servicio de Patrocinio Jurídico, Zoppi cuenta que “la gente lo toma de la mejor manera porque sin el Consultorio no podría litigar, no podría reclamar, no podría plantear que le defiendan sus derechos”.
“Es importante entender que hay casos que son mucho más básicos y sencillos y otros casos que son mucho más complejos como, por ejemplo, una persona que fue víctima de un abuso o es golpeada en su domicilio y debe contarlo frente a 20 ó 30 personas que son los que realizan primera escucha, que van a ser sus abogados, razón por la cual necesitan necesariamente conocer todos los detalles siendo comprensible que, en un primer momento, la persona sienta cierto grado de desconfianza que luego es superado y se abre permitiendo a los estudiantes evaluar la mejor estrategia a seguir”, explica Zoppi.
Respecto a los estudiantes, Zoppi destaca que “son los principales impulsores de este tipo de acciones porque, por un lado, les permite tener un conocimiento mayor de lo que implica el ejercicio de la profesión y, por el otro lado, toman contacto directo con expedientes, tribunales, jueces y funcionarios judiciales aprendiendo a manejarse en el marco de un expediente. Pero, también, tienen conciencia que detrás de lo que ellos están haciendo, hay una persona de carne y hueso que está reclamando por un derecho que le está siendo negado”.
“Los estudiantes saben que tienen por un lado que resolver el tema y que son el cauce para que eso se lleve adelante, lo cual incluye diferentes acciones administrativas, situaciones que deben investigar pero, también, en un caso de violencia doméstica, la persona que es agredida tiene que muchas veces abandonar el domicilio y no tiene dónde ir. Entonces, los chicos se encargan de gestionar ante el organismo correspondiente, la disponibilidad de algún hogar donde puedan recibir y contener a esta persona”, agrega Zoppi.
Por resolución 326/2024, el pasado 17 de octubre la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró su beneplácito por el centenario del Patrocinio Jurídico Gratuito de la Facultad. A tal fin, próximamente se colocará una placa conmemorativa en la sede de Tribunales.
Zoppi dice que reconocimientos de este tipo “son un apoyo, un aliciente, para seguir formando profesionales con capacidad crítica y compromiso social, de modo de garantizar el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables y así acercar el derecho a la sociedad, asegurando la igualdad de oportunidades para todos”.
“También, obviamente, sentimos y agradecemos el apoyo de la sociedad y de diferentes instituciones. Hoy el Patrocinio Jurídico de la UBA es ampliamente reconocido, no necesariamente con una sanción de una ley, una resolución o algún instrumento que le otorgue un premio sino, simplemente, en el día a día, en charlas que se producen en muchos hogares, en recomendaciones que una persona le hace a otra. En todo esto, se reconoce la labor de la universidad pública que sigue trabajando convencida de que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”.